A 10 años de la desaparición de Abel Ortiz van a juzgar por asociación ilícita a tres implicados

Una investigación pondrá en el banquillo de los acusados a tres de los implicados en el caso de Roque Abel Ortiz. Alejandra Espinosa, Marcelo Acevedo y María del Carmen Vázquez serán juzgados por asociación ilícita. Fue la desaparición del hombre que llevó a descubrir que estas personas cometían delitos, y ahora se debatirá en un juicio.

La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que la conducta que desplegaron como integrantes de una organización, está relacionada o tiene algún tipo de participación en la desaparición de Ortiz. Incluye que “el delito tiene la suficiente entidad para alterar la tranquilidad o el orden público, máxime cuando uno de sus principales integrantes era el titular de una importante repartición policial de nuestro medio”.

Acevedo, que era jefe de la Comisaría 9° de Villa Mercedes, y Espinosa revisten la calidad de “organizadores” o máximos responsables de la asociación, y por lo tanto tienen el mismo nivel de responsabilidad. Desde la dependencia “Acevedo podía digitar los movimientos policiales, para la comisión de diversos ilícitos, tanto dentro de la repartición, como fuera de ella”.

Espinosa era el contacto directo con “gente que cometía los ilícitos y tenía el amparo de Acevedo”. Consta en las pruebas que la mujer gozaba de "zonas liberadas" para llevar adelante los ilícitos. Inclusive está involucrada en la agresión con un arma de fuego contra Agustín Figueroa, y por lo cual está procesada.

Los delitos que se pudieron verificar son el incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal); peculado (artículos 261 y/o 262 del Código Penal), encubrimiento y encubrimiento agravado (art. 277 1° incs. a) y b) y 2° inc, d); también instigación a cometer delitos (artículo 45 del Código sustantivo).

Tomar parte en una asociación, el propósito colectivo de delinquir y el número mínimo de participantes, son los elementos del tipo penal que se han configurado. La acción es la pertenencia o tomar parte con fines delictivos.

Espinosa y Acevedo (en carácter de organizadores) y Vázquez fueron acusados como coautores del delito de “asociación ilícita, un hecho, en perjuicio de la sociedad”. El Fiscal de Juicio N° 1, Ernesto Lutens pidió que los dos primeros sean condenados a 8 años de prisión, y la tercera a 5 años. Su acusación siguió los lineamientos expuestos por el fiscal Néstor Lucero y por los argumentos del juez de Instrucción de ese momento, Leandro Estrada.

También había sido imputada en la causa Marcela Rodríguez (oficial de la Policía), pero fue beneficiada por falta de mérito, y por ello no se le hizo acusación.

Espinosa fue pareja de Ortiz, y la última que lo vio con vida. El 16 de septiembre se cumplirán 10 años de esa desaparición.

El 31 de diciembre de 2015 fue procesada como presunta autora del delito de "homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja (Art. 80 Inc 1° del Código Penal) en perjuicio de Ortiz; y a Vázquez como presunta partícipe secundaria del mismo delito.

El 5 de julio de 2016 Acevedo corrió la misma suerte. Lo enviaron a la cárcel como presunto coautor del hecho. Pero más tarde todos quedaron en libertad.

Actualmente Espinosa es la única detenida, pero por otro hecho: “Homicidio simple calificado por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa”, contra Agustín Figueroa, ocurrido en marzo de 2014.

El juicio sin fecha

Hace alrededor de tres meses las partes pudieron hacer el ofrecimiento de prueba que se analizará en el juicio oral. El Tribunal está en el proceso de análisis, que es la etapa previa para fijar la fecha del debate.

Por parte de los imputados se hizo la oposición a toda la prueba ofrecida por el MPF. Los cuestionamientos sostienen que “no hay relación” con lo que se va a discutir en juicio oral. En concreto ninguna vinculación en la desaparición de Ortiz. También manifestaron que se viola el derecho de defensa. Hicieron planteos sobre el defensor de la familia Ortiz, que es Bautista Rivadera, cuestionando que no puede actuar “como representante de la seguridad pública” dado que se presenta por un interés individual que es Ortiz.

“Hay una ley que protege los derechos y garantías de las víctimas dentro del proceso a que las mismas tienen el mismo derecho a tener una respuesta de la Justicia dentro de un plazo razonable”, expuso Rivadera al ser consultado por El Chorrillero, al plantear que “los innumerables planteos de las defensas” son los vienen dilatando todo el proceso.

“Es momento de que tengamos una instancia de juicio oral para dar una respuesta definitiva a la parte que represento que es la familia de Abel Ortiz. Mi representación es por el interés conexo que existe entre la asociación ilícita y la desaparición de Abel. Ya en noviembre el Tribunal consideró que nuestro interés es legítimo, pero ahora se vuelve a esta cuestión. Mi contestación remarqué los derechos y garantías de la víctima, a ser escuchada y oída en todo proceso penal”, explicó.

Hizo referencia a lo que busca la familia: “Llegar a juicio, que se ventilen todas estas cuestiones y escuchar definitivamente la respuesta de la Justicia”.

Y tal vez si se corrobora la responsabilidad de estas personas como integrantes de una asociación criminal, nace una esperanza de conocer qué pasó con Ortiz.